Innovación etanolera | ley ómnibus | Jorge Feijóo

La industria del etanol denuncia la mano de las petroleras detrás del proyecto oficialista de biocombustibles

Hay tres cambios de último momento que atentan contra el corazón de la propuesta de las empresas etanoleras: el aumento del corte sería muy limitado, permite la participación de las petroleras en la producción casi de forma inmediata y le pone un tope al precio del alcohol

Jorge Feijóo es el presidente del Centro Azucarero Argentino, el sector productivo más potente del noroeste argentino y uno de los responsables del aporte de etanol en las naftas junto al de maíz, cuya base operativa está en la franja central del país, especialmente en Córdoba. Ambas industrias vienen batallando para evitar que el proyecto del oficialismo que se trata en el Congreso, dentro de la denominada Ley Ómnibus, termine golpeando la producción de combustible renovable y le entregue un negocio próspero a las petroleras. “Estamos como el diablo quiere, no como Dios quiere”, comienza describiendo Feijóo a I+I CBA cuando es consultado sobre el estado de situación de un proyecto que en apenas 30 días tuvo idas y vueltas muy contradictorias. En un primer momento, la idea original del oficialismo no garantizaba ni los cortes actuales (del 12%) en las naftas; luego se pasó a otra iniciativa que alentaba fuerte al bioetanol, pero finalmente hubo modificaciones que llegarán ahora al recinto y que podrían marcar un quiebre muy negativo para las provincias del NOA y del centro del país, que hoy se sientan a la mesa de los combustibles sin producir naftas gracias a estas industrias etanoleras.

“En el dictamen de mayoría corregido que trascendió en los medios en estas últimas horas muestra que en el bioetanol, y en particular en el de caña de azúcar, se mantiene el lamentable criterio de que el volumen de abastecimiento surge a partir del promedio entregado en los últimos tres años; esto es el 2021, 2022 y 2023”, explicó Feijóo.

¿Por qué es lamentable?

Decimos que es lamentable por dos razones principalmente. La primera porque hoy tenemos una ley vigente que establece que el 6% es de caña de azúcar y el 6% es de maíz. Y que tiene vigencia hasta el 2030. Entonces, decir ahora que se quiere defender la seguridad jurídica de la industria, de las empresas y las inversiones, pero violentar una disposición de una ley con vigencia hasta 2030 es una afrenta a la seguridad jurídica de las inversiones realizadas. Y en segundo lugar, porque el sector privado, y en eso menciono a la Cámara de Bioetanol de Maíz y al Centro Azucarero Argentino, venimos con una propuesta conjunta trabajando desde hace tres meses. Se la entregamos a las autoridades de Energía a la semana que asumieron. Allí les ofrecimos un plan de desarrollo y tenemos una propuesta conjunta que los gobernadores de las seis provincias la reflejan fielmente y el sector privado tiene un acuerdo: dentro de 12% de corte total, 6% es de caña y 6% es de maíz; y a partir del 12% es todo mercado libre. Entonces no entendemos por qué si el sector privado y la seguridad jurídica que establece la ley del 65 y 6% tienen que inventar este problema ahora de tomar el promedio de entrega de los últimos 3 años. La verdad que es totalmente antojadizo.

Al tomar el promedio de los últimos tres años al sector azucarero no les da 6% de entrega sino menos…

Exactamente.

La sequía debe ser un factor clave ahí…

Claro, de 2022 y 2023. Esa sequía fue muy importante tanto en el NOA como en todo el país. Y en segundo lugar, cuando toman 2021 para nosotros eso es zafra 2020. Porque la producción de azúcar y alcohol comienza de mayo a noviembre de 2020, que fue el año de la pandemia, cuando el consumo de combustible cayó 24% en el país. Entonces en esta norma nos toman estos años y es una decisión totalmente arbitraria, por donde se la mire.

Fueron todos años excepcionales…

Pero claro! Entonces nosotros pensemos que se les ocurre violentar la norma que establece 6% y 6% por algún motivo, o que no les gusta; pero entonces tomemos años de referencia más lógicos, como los 5 años previos a la pandemia, por ejemplo. Pero insisto, no hay motivos para hacer todo esto porque la ley vigente reconoce el derecho hasta 2030 del 6% y 6%, y los sectores privados que industrializan maíz y caña de azúcar estamos de acuerdo con eso. Los gobernadores de las 6 provincias productoras como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Tucumán y Jujuy, también. ¿Por qué modificarlo? Es inexplicable.

¿Y por qué creen que se impulsa ese cambio sobre lo establecido hasta 2030?

Personalmente pienso que es una torpeza; no lo atribuyo a algo en particular.

¿Qué pasa con las licitaciones que se plantean para la compra de etanol?

Ese es otro tema importante. Aunque la ley actual, que rige hasta 2030 e insisto mucho con esto, reconoce cupo por sector de materia prima, cupo por empresa y precio oficial según costos, decimos que no hay problema, vamos a competir por licitaciones. Al cupo por empresa le decimos que no hay problema en dejarlos de lado y vamos a competir por abastecimiento. Pero ahí es donde quieren llevarse puesto el cupo del sector del 6%. Entonces ya no dejan nada del derecho reconocido hasta 2030. Vamos a la licitación, pero en acuerdo con la industria del maíz decimos que deben ser separadas por materia prima.

¿Por qué?

Por una razón muy específica que es el ciclo productivo. La caña de azúcar se cosecha de mayo a noviembre y una vez cosechada, hay que molerla dentro de las 24 horas para convertirla en azúcar o en alcohol. No se puede almacenar y destilar meses después, como es el caso del maíz. Nosotros hacemos todo el alcohol durante esa ventana productiva y lo guardamos para entregar en febrero, marzo o abril, por ejemplo. Cómo vamos a licitar conjuntamente si el maíz tiene la particularidad de que puede licitar, comprar el maíz que está en un silobolsa, lo muele y produce. Nosotros tenemos el alcohol hecho! Los ciclos productivos de las materias primas son distintas. Por eso la propuesta de los dos sectores es que las licitaciones sean separadas. Pero el proyecto pone licitaciones únicas y con un agravante, porque establece precios máximos. Entonces uno piensa si quieren o no mercado libre al final. Pero además, el precio máximo que ponen es la paridad de importación. Entonces, si uno prohíbe la importación de etanol y a la industria la ponen a producir con el precio internacional, es lo mismo que importar. Con una facilidad para las petroleras, porque no se tienen que tomar el trabajo de traerlo; nosotros se lo hacemos aquí a precio de Brasil.

¿Y qué pasa si se establece el precio máximo de paridad de importación?

Pensemos una cosa. ¿Qué alcohol exporta Brasil? El que le sobra. Hablamos de un país que consume muchísimo alcohol porque tiene tasas de corte en combustible mucho más altas que Argentina. Tienen 27% y hasta 100%. Entonces, la paridad de importación es un precio de mercado de excedentes. El mercado de excedentes es todo aquello que le sobra al que produce y se ofrece al mundo con un costo marginal. Entonces nos quieren obligar a que tengamos como precio máximo el mercado de excedente de Brasil. Y entiendo que como en toda licitación uno tiene que tener un precio de referencia, pero no debería estar puesto en la ley, sino que tendría que ser parte de la reglamentación.

¿Por qué?

Porque los vaivenes de la economía llevarán a que en determinado momento ese valor de referencia puede ser la paridad de importación, en otro puede ser la paridad más un 10% o la paridad menos un 5%. Pensemos que podría fijarse como el 77% del valor de la nafta en el surtidor, por dar algunos ejemplos de acuerdo al momento. Tiene que haber un precio de referencia, pero no uno fijo que sea el mercado de excedentes de Brasil.

Debe ser un esquema mucho más flexible…

Pero claro! Pero no porque quiero privilegios, sino porque estamos hablando de un mercado de excedentes de un monstruo que produce alcohol como es Brasil. Y un dato más: en Argentina tenemos 19 ingenios mientras que Brasil tiene 395. Y el azucarero más grande de Brasil es Raizen, la empresa Shell, que tiene 32 de esos ingenios; es el mayor productor de etanol. Entonces, a nosotros nos quieren topear con el precio máximo que Shell puede vender su alcohol de excedente. Esas son las cosas que no se entienden y que uno piensa que así no puede ser.

¿Qué pasa con los cortes, que se iban a aumentar y después eso fue modificado?

Queda mal, queda peor. Porque nosotros junto a la industria del maíz venimos proponiendo lo que llamamos convergencia Mercosur. O sea, no inventemos nada. Vamos detrás de Brasil, donde están los autos ya verificados, los motores flex. En Argentina la mitad de los autos que se fabrican tienen motores flex para ir a Brasil y acá no están homologados. Vamos al corte del 18% y de ahí al 27%. Todo eso lo pusimos por escrito y se lo entregamos al gobierno la primera semana de gestión. Y estaba en el proyecto hasta hace 10 días, pero con la salvedad de que ese aumento de cortes debía pasar por el Congreso, se tenía que hacer por ley. Eso es como mandarte a morir.

¿Cómo debería ser eso?

Es que si estamos legislando hoy sobre biocombustibles, pues bien, que se establezca que la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, tendrá facultades para llevar el corte al 18 y 27 por ciento. ¿Cómo vamos a ir al Congreso a pedir eso? En la última modificación que se hizo se facultó a la autoridad de aplicación a aumentar el corte, pero sólo hasta el 15%. Desapareció la posibilidad de ir al 18 o 27 por ciento.

Otro retroceso…

Desapareció eso. La autoridad sólo quedó facultada para llevarlo al 15%. Entonces, si se quisiera ir al 18 o 27 por ciento hay que ir a buscar otra ley porque esta no lo permite. Sumemos que la otra cosa que cambiaron es que en el texto anterior del dictamen de mayoría, las petroleras podían participar en la producción de etanol a partir del 18% de corte, pero ahora lo pusieron a partir del 15%, lo que implica más espacio para las petroleras en el negocio.

¿Ahí podría verse la mano de las petroleras detrás de esos cambios?

Sin ninguna duda. En estas dos cosas, tanto la baja del corte, como la posibilidad de participación a partir de 15%, sin dudas. Y en el tope de precio con paridad de importación, también. Es letra de ellas.

¿Qué queda por hacer ante esto?

Bueno, en un comunicado que emitimos de forma conjunta la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero explicamos sobre el final que en el dictamen de mayoría está el disenso del radicalismo que propone el texto fiel de las seis provincias productoras, igual que el dictamen del socialismo. Entonces, lo que hacemos es pedirles a los diputados que voten esto, que es la opción que tienen y que es la propuesta de las seis provincias productoras. Nosotros seguimos en la misma, no hemos cambiado nuestra posición. La opción está, ahora hay que ver qué vota cada uno: a favor de los bio o en contra de los bio.