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Dos exfuncionarios de Ambiente, a juicio por autorizar desmontes ilegales en la zona de Punilla

El juez de Primera Instancia Esteban Díaz Reyna desestimó el pedido de los abogados defensores de Federico Luis Bocco y Raúl Costa y decidió elevar a juicio la causa penal contra los exfuncionarios de la cartera ambiental de la provincia de Córdoba acusados por desmontes ilegales.

Según el dictamen del magistrado, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo "El Dorado II" y "El Dorado III", que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo ubicado en la localidad de San Antonio de Arredondo, departamento Punilla.

Tras tomar conocimiento de la resolución judicial, PUNTAL tomó contacto con la doctora Marcela Fernández, abogada que patrocinó la denuncia penal, quien sostuvo: "Hemos recibido la notificación con esta resolución, en la cual se ratifica el pedido de elevación a juicio que había realizado el fiscal en lo penal y económico hace algunos años. Es una denuncia que habíamos realizado en octubre de 2012 y en diciembre de 2016 elevó a juicio, hubo una oposición y ahora el juez ratificó lo actuado por el fiscal", señaló la letrada.

“Es por los mismos hechos, haber aprobado dos emprendimientos inmobiliarios en zona de bosque protegida por ley y una subestación eléctrica sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública", subrayó,

Entre los fundamentos del fallo conocido, figura que la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba –Epec– fue autorizada a construir una Estación Transformadora "Carlos Paz Sur", con equipamiento de alta tensión, también en zona amarilla y sin Audiencia Pública.

En esta decisión histórica, el juez de Control de Tercera Nominación valoró la prueba incorporada por Adarsa ONG al proceso, de la que se desprenden elementos suficientes para acreditar participación penalmente responsable de los exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente. También, se les endilga a Bocco y  Costa haber incumplido con la convocatoria a Audiencia Pública, habiendo negado esa instancia de participación ciudadana, por lo que se los acusa del delito de abuso de autoridad.

“Los funcionarios tenían a su cargo la aplicación de la leyes. En el caso de Costa, había promulgado la ley de bosque nativo (9.814), no podía alegar que no conocía las leyes y además de unos dictámenes en contra que había dentro de los mismos expedientes que habían sido expedidos por el Área de Bosques, específico de la Secretaría de Ambiente. Desoyendo esto sacaron la autorización", señaló la letrada y agregó: "Uno de los miembros de la ONG, el geólogo Juan Carlos Ferrero, se constituyó en querellante y fue uno de los primeros. Fue el primer precedente donde se admitió la figura del querellante particular en defensa de intereses colectivos", indicó.

La letrada aseguró que el fallo es de "carácter histórico", y afirmó que de las causas que se habían investigado en el foro Penal Económico sólo había llegado a juicio “la de Kamerath, y si uno revisa la lista hay varias denuncias contra funcionarios pero no habían llegado a mayores instancias. Y ahora con esto se visibiliza a los responsables de la política desastrosa que ha tenido en materia de ambiente la provincia de Córdoba", subrayó.

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