Según la acusación, el hombre hizo ingresar a la mujer a un consultorio para realizarle un procedimiento menor. Una vez a solas, habría cometido actos de índole sexual sin su consentimiento y la habría sujetado de los hombros cuando intentó levantarse de la camilla.
La investigación determinó que el acusado trabajaba para la Municipalidad de Idiazábal desde 2020 y que había pasado a planta permanente en 2024. El día del hecho, sin embargo, se encontraba de licencia por vacaciones.
El relato de la denunciante cuenta con el respaldo de tres testigos —dos enfermeras y una acompañante—, quienes habrían confirmado que el hombre salió del consultorio y que la mujer pidió ayuda en medio de una crisis de llanto.
En julio de 2026, el municipio dispuso la cesantía definitiva del empleado tras un sumario administrativo.
Para evitar la revictimización, el Ministerio Público Fiscal resolvió no someter a la mujer a pericias psicológicas, al considerar que las pruebas reunidas eran suficientes para fundamentar la acusación.
La causa quedó en manos de la Cámara en lo Criminal de Bell Ville, donde se definirá la responsabilidad penal del exempleado municipal.
