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Oyarzábal protegía y era parte vital de la banda detrás del narcolavado

El juez Ochoa procesó con prisión preventiva al exjefe de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto por infringir la ley de estupefacientes, en grado de partícipe necesario

Luego de meses de hermetismo, finalmente ayer se conocieron las acusaciones y la situación procesal de cada uno de los implicados en la causa del narcolavado, el caso que se destapó en enero con el asesinato de su cabecilla, Claudio Torres. De allí surge que la participación del exjefe de Investigaciones de la Policía de Río Cuarto, Gustavo Oyarzábal, está lejos de ser periférica o circunstancial. Por el contrario, la resolución emitida  ayer por el juez federal Ochoa lo ubica como partícipe necesario en el funcionamiento de la organización delictiva. Utilizando herramientas propias de su cargo, Oyarzábal les daba protección y los mantenía a salvo de allanamientos e investigaciones. 

La banda integrada por Claudio Torres, los hermanos Mariano y Andrés Rivarola, Gabriel Bossi, Cristian Berti, Cristian Schiaroli, Jonathan Becerra y Jonathan Monserrat -todos con prisión preventiva-, encontraba en el expolicía un paraguas protector. 

La organización podía así traer, sin contratiempos, cocaína y marihuana desde Paraguay, Bolivia, Buenos Aires o Santa Fe, para venderla en la ciudad o destinarla a San Luis, Chubut y Chile.

El dinero ilegal luego era volcado al sistema económico formal para darle apariencia de origen lícito, a través de maniobras de lavado de activos.

Dentro de este esquema, el rol del exjefe de Investigaciones de la Policía era vital. Por medio de escuchas telefónicas, se pudo determinar que Oyarzábal llevaría años trabajando con la organización narco. 

En el análisis de la prueba, el juez Ochoa detalla cuál era el rol del exfuncionario público. 

“Habría utilizado los contactos a los que habría accedido en el marco de la labor policial, para así obtener y proporcionar información relativa a fuerzas de seguridad que podrían estar investigándolos o eventuales procedimientos que se podrían llevar a cabo en sus domicilios”.

Las escuchas telefónicas

Se pudo determinar que Oyarzábal fue mencionado en varios diálogos entre delicuentes. Uno de ellos, en una causa del año 2016 y otra de 2017, donde aseguraban estar “cubiertos” en su actividad ilícita por el “Jefe de investigaciones”. 

Se lo menciona directamente como protector de Claudio Torres, a cambio de dinero. 

En otro expediente, un “amigo” del expolicía aseguraba: “Oyarzábal es oreja de Claudio Torres, le pasa toda la info, además el tipo dice que si se entera de que alguna fuerza lo está investigando, no le cuesta nada ponerle un kilo de merca en el auto y hacerles un control en la esquina de su casa a los que lo están investigando”.

También se menciona que se enriqueció por el ejercicio de esta actividad ilegal. En el comienzo de la investigación, Gendarmería Nacional corroboró que Oyarzábal era propietario de una casa en el country Los Aromos.

Connivencia

La resolución del juez federal contiene datos contundentes sobre el rol del expolicía. 

“El día 28/06/2017, cuando personal de la PSA llevaba a cabo un seguimiento al automóvil de Claudio Torres, éste se detiene, razón por la que el personal hace lo propio a distancia prudencial. Torres descendió de su auto y se dirigió al lugar donde se encontraban los oficiales en forma encubierta. Luego de un intercambio de palabras, les pregunta acerca de una calle, que los investigadores le manifiestan desconocer. Antes de irse, advierten que les toma una fotografía con su celular”.

A raíz del este episodio, la Justicia Federal pidió información a la Policía provincial para determinar si se había realizado alguna averiguación sobre el automóvil utilizado PSA. 

“Se supo que, sobre el vehículo en el que se conducían los investigadores aquel día, se solicitó informe de dominio y titularidad desde el usuario segu040009 Unidad Departamental Villa María, el que conforme datos recabados fue asignado y usado por la Departamental Río Cuarto, al Departamento Comunicaciones. Atento a los vínculos que se corroboran entre Oyarzábal y los investigados, resulta altamente probable que sea él quien haya ordenado ese pedido de informe”, señala la resolución del juez Ochoa.  

La escena del crimen

La intervención de Oyarzábal en la escena del crimen de Claudio Torres, el 16 de enero de este año, abona aún más las sospechas. 

“A la cabo María Villalba le llamó la atención que la revisión del auto la hizo también Oyarzábal y le dijo que toda estaba bien. Respecto del ingreso a la casa y acceso al automóvil, ambos fueron franqueados por Bossi (hoy detenido). Respecto de la casa, ingresaron a la planta alta y entraron solo Bossi con el exjefe de Investigaciones, entraron a la habitación principal de la misma y fue todo lo que revisaron”.

“Otra irregularidad que se colige de las intervenciones surge de una conversación que tiene el exjefe de Investigaciones con una persona que según los preventores podría ser un policía, en la que admite haberse llevado el DVR que fuera secuestrado de la casa de Claudio Torres, con motivo del incidente que culminara en el homicidio del nombrado de la Unidad Judicial. Admite que se lo llevó para desbloquearlo y sacarle imágenes”. 

Por otro lado, el juez Ochoa dice que llama poderosamente la atención que, sin que la Policía de la Provincia hubiera estado abocada a los allanamientos ordenados por el suscripto en el marco de esta causa, el día 24/01/2019 Oyarzábal se comunicara con un tal Hugo y  mantuviera el siguiente diálogo: 

-Oyarzábal: Ya allanaron los domicilios. 

-Hugo: ¿A quién? 

-Oyarzábal: A Bossi y a Torres. 

-Hugo: ¿Y? ¿Sacaron algo?

-Oyarzábal: No, el loco no está. Dos notebooks y tres teléfonos celulares. 

-Hugo: ¿Cuándo fue eso, hace mucho? 

-Oyarzábal: Recién, recién están saliendo. 

En uno de los tramos finales de la resolución, de más de 300 páginas, el juez Ochoa entiende que Oyarzábal “habría sido un verdadero paraguas protector, no correspondiendo a una acción aislada o fruto de una casualidad sino todo lo contrario, una connivencia dolosa esencial, pues su cooperación fue un eslabón imprescindible”. 

Hay 20 procesados y 9 detenidos

El juez federal Carlos Ochoa dispuso que once procesados continúen en libertad, mientras que dictó la falta de mérito para dos sospechosos, remarcando que Claudio Torres -considerado líder de la banda- quedó sobreseído por su muerte, luego de ser acribillado el 16 de enero.

En ese contexto se precisó que quienes seguirán procesados bajo prisión preventiva son: Gabriel Bossi, Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Jonathan Becerra, Cristian Berti, Andrés Schiaroli, Jonathan Monserrat y el exjefe de la División Investigaciones, Osvaldo Gustavo Oyarzábal.

Además, se dictó el procesamiento con prisión preventiva y se solicitó la inmediata detención de Gabriela Sueli Suárez, pareja de Cristian Ortiz, prófugo de la Justicia.

Por otra parte, resolvió el procesamiento sin prisión preventiva sobre Franco Soffli, Jorge Luis Etcharren, María del Luján López de Bravo, Marcelino Mansilla, María Luz Montoya, Eduardo Hernán Domínguez, Mario Batistini, Tatiana Gallo, Mariano Peirano, Rodrigo Villar Benítez y Cristian Pereyra.

En tanto, se conoció la resolución de falta de mérito sobre Silvia Mónica Bin y Mario Nober Bruschini.



Leonardo Brochero. Redacción Puntal

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