Una enfermera de 27 años detenida y encapuchada, acusada de asesinar a cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. El caso, por la serialidad de la acción y la vulnerabilidad de las víctimas, por lo aberrante de la historia y por el sentimiento de miedo e indefensión que genera en todos quienes se adentran en los detalles, es de los que contienen un costado judicial pero que, indefectiblemente, a la vez disparan consecuencias políticas.
La investigación penal está en curso y la magnitud del costo político aún es imposible de dimensionar. El fiscal Raúl Garzón, en su primera acción, no cortó la cadena de responsabilidad en la enfermera, sino que avanzó hacia la conducción del Neonatal. Acusó a tres directivos de incumplimiento de los deberes y también el Ministerio de Salud quedó bajo la lupa porque mantuvo durante meses una investigación en reserva, sin darle participación a la Justicia.
Hay un elemento que está empujando a que no se culpabilice sólo a la enfermera: el reclamo de los familiares. "No queremos pensar sólo en una enfermera, acá tiene que dar explicaciones el poder, el ministro, es mucho más grande lo que hay detrás de esto", dijo el papá de uno de los bebés muertos en el Neonatal.
El ministro de Salud, Diego Cardozo, viene de otro capítulo de alto costo político: el caso de Ignacio Martín, el médico trucho que fue descubierto en Río Cuarto y que atendía pacientes enfermos de Covid sin haber pasado jamás por la Facultad.
A Cardozo lo salvó entonces el gobernador Schiaretti, que siempre es reacio a desprenderse de sus ministros y más aún bajo presión. Aunque esta vez esa lógica de acción estará puesta a prueba al extremo porque a la gravedad de lo que ocurrió en el Neonatal difícilmente pueda contraponérsele como respuesta política el silencio y el paso del tiempo.
El caso de los bebés también problematiza a la oposición. Tanto la conferencia de prensa que dieron los principales referentes de Juntos por el Cambio, en la que reclamaron la renuncia de Cardozo, como la decisión de los legisladores radicales de levantarse del recinto parecieron más un intento de aprovechar políticamente una situación traumática y delicada que la manifestación legítima de una preocupación. Hay líneas que son muy delgadas.
La exposición pública de su postura por los casos del Neonatal fue una oportunidad que tuvo la oposición para mostrarse unida ante el gobierno de Schiaretti. Esa unidad venía puesta en tensión; no tanto en el discurso como en las circunstancias.
La llegada de Martín Lousteau, alineado en la misma vertiente que Rodrigo de Loredo en el radicalismo nacional, fue un disparador que profundizó la disociación que existe en Juntos por el Cambio. A los integrantes cordobeses de esa coalición les resulta sumamente complejo explicar cómo es que se oponen y cuestionan al mismo gobernador que sus dirigentes nacionales elogian y buscan seducir. Sólo por considerar un aspecto: ¿Schiaretti es el endeudador serial al que se refiere Juntos por el Cambio Córdoba o el administrador sensato que ponderaron Manes y Lousteau?
El armado que el gobernador está tratando de configurar a nivel nacional con figuras radicales tiene como efecto colateral relevante exacerbar la inestabilidad de Juntos por el Cambio Córdoba.
A Martín Llaryora, candidato puesto a la gobernación, el estado de la oposición también lo ocupa. La lectura que hace el intendente cordobés es que la unidad que consiguió Juntos por el Cambio como efecto de las legislativas de 2021 se irá resquebrajando cada vez más en las próximas semanas.
¿Por qué? No sólo por la compleja dinámica interna de esa fuerza sino porque, según conjeturan en el llaryorismo, lo único que permitió encolumnar a los radicales detrás de Luis Juez fue la certeza de que, esta vez, el triunfo estaba asegurado. Esa realidad, dicen cerca del intendente, está cambiando. Señalan que si el senador no garantiza el triunfo, entonces la UCR le dará rienda suelta a sus diferencias y prevenciones con respecto al líder del Frente Cívico. De ahí, plantean, que Rodrigo de Loredo ya haya dejado trascender que peleará por la gobernación.
Si los hechos no se desencadenan como Hacemos por Córdoba espera, si Juntos por el Cambio no entra en un estado de fractura expuesta, entonces el peronismo usará una herramienta para desactivar la posibilidad de que Juez y De Loredo compartan la fórmula para la gobernación. Pondrá las dos elecciones más importantes, la de la Provincia y la de la ciudad de Córdoba, con apenas 45 días de diferencia, lo que debería forzar al radical, que aparece con una intención de voto considerable en la capital, a elegir entre una y otra.
Cerca de Llaryora manifiestan que, de todos modos, el intendente cordobés está encarando una estrategia para ganar en cualquier escenario. Aseguran que sigue fuerte en las encuestas en la capital y que ha crecido ostensiblemente en zonas de la provincia donde tenía un alto desconocimiento; por ejemplo, en el sur provincial. En ese punto ingresa la figura del intendente Juan Manuel Llamosas y la posibilidad de que sea candidato a vicegobernador.
En Hacemos por Córdoba actualmente existen dos concepciones con respecto al compañero de fórmula. La de Schiaretti, que quiere en ese lugar a un dirigente que no sea peronista y que refleje a la nueva fuerza política que está pensando para la elección nacional como algo distinto a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos. Como vice, el gobernador quiere a un radical. La otra postura es la del propio Llaryora, que hace una lectura más territorial de la elección provincial. Él considera que si llega con una ventaja abultada en la ciudad de Córdoba, y si a eso se le suma un resultado cómodo en San Francisco y un triunfo en Río Cuarto, Juntos por el Cambio no tendrá de dónde rascar los votos que necesitaría para dar vuelta la elección.
En esa territorialidad, Llaryora destaca a Llamosas y sus índices de imagen en Río Cuarto. “Si fuera por Martín, su compañero de fórmula es Juan Manuel. Pero todo dependerá de qué idea se imponga y de cuál sea el escenario al momento de la definición”, detallaron desde Córdoba.
Una elección está conformada, por supuesto, por actos preparatorios. El primero, y que el peronismo considera fundamental, ocurrirá el 11 de septiembre. Ese día, Marcos Juárez vota intendente y, si bien políticamente es importante porque abre el calendario, también lo es simbólicamente. Esa ciudad del sudeste provincial es considerada la cuna de Cambiemos porque allí comenzó el experimento electoral que terminó con Mauricio Macri como presidente.
En Juntos por el Cambio hay actualmente un fuerte malestar con Pedro Dellarossa, el intendente, porque consideran que hizo todo lo que debe hacerse para perder una elección. Las encuestas dicen que está a punto de lograrlo y que Cambiemos podría caer en manos de Hacemos por Córdoba.
El peronismo cordobés ya se prefigura la escenificación del triunfo y lo piensa como un hecho de impacto nacional y provincial. A nivel país porque Schiaretti pretende convertirlo en el lanzamiento de su idea para la elección de 2023, sin el kirchnerismo y sin Juntos por el Cambio. A nivel Córdoba porque la hipotética victoria y el palco deberían ser la imagen inaugural de la campaña para la gobernación. Schiaretti y Llaryora como las caras del triunfo; en ese acto, el cordobés también le tiene reservado un lugar a Llamosas.
El peronismo cordobés además insiste en que debe enfocarse en la gestión porque esa será su ventaja comparativa cuando el escenario llegue a la confrontación directa con Juez. Creen que la ejecutividad, la previsibilidad y la planificación son aspectos en los que el senador flaquea. “Lo que hacemos es nuestro mejor argumento. Pero, por supuesto, también nuestro principal riesgo”, dijo un dirigente peronista.
El gobierno, la gestión del día a día, puede empujar a los oficialismos en una elección. O convertirse en un lastre.