Policiales | policías | vejaciones | imputación

Cinco policías, en la mira de la Justicia por apremios ilegales y vejaciones

Los efectivos detenidos e imputados son Franco Baravalle Salum, Dayana Paredes, Natalia Fernández, Pablo Sánchez y Leonel Moresco

Un escándalo rodea a cinco policías de la Departamental General San Martín, quienes en el día de ayer, y por orden del fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio, fueron detenidos por apremios ilegales, vejaciones y severidades, delitos que están contemplados en los artículos 142 y 144 bis del Código Penal.

Los funcionarios que ahora están a disposición de la Justicia son el comisario Franco Baraballe Salum, la oficial principal Dayana Paredes, la sargento Natalia Fernández y los agentes Pablo Sánchez y Leonel Moresco.

Los hechos por los cuales se encuentran imputados, según fuentes judiciales, se dieron en perjuicio de al menos tres detenidos (investigan si hubo más víctimas del maltrato policial).

La denuncia de una madre abrió el juego

La investigación, que por estas horas sigue su curso en la Fiscalía de Bosio, comenzó con una denuncia que dejó asentada en la Unidad Judicial la madre de un joven detenido, quien días atrás había sido alojado en la alcaidía de barrio San Justo, situada en la esquina de calle Piedras y Avenida Perón.

El relato de la mujer abrió la puerta a una minuciosa investigación que, por ejemplo, incluyó el secuestro y análisis de cámaras de seguridad (procedimiento que efectivizó la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial), el secuestro de documentación, la inspección ocular de la alcaidía (lugar donde se habrían dado los hechos) y la recepción de varios testimonios, material que fue incluido en la causa y que condujo a la detención de los cinco uniformados.

Según pudo saber este medio, en su descargo la mujer contó que su hijo sufrió malos tratos y severidades por parte de los efectivos que intervinieron.

Además de ese caso, la Justicia investiga otros dos y no descarta la posibilidad de que existan más.

Resta señalar que cuatro de los cincos detenidos (Baravalle, Fernández, Sánchez y Moresco) también fueron imputados por falsedad ideológica.

Sobre este delito, el Código Penal, en su artículo 293, establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.

Sobre los delitos de vejaciones, severidades y apremios ilegales, conductas tipificadas en los incisos 2 y 3 del artículo 144 bis del Código Penal, se dice que el funcionario que accione de tal manera “será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo”.