Según un informe de Argentinos por la Educación, la prohibición de usar los celulares ha tenido resultados dispares en el mundo. En Argentina no existe una normativa unificada
¿Los chicos deben tener celular? Si la respuesta es sí, ¿a partir de qué edad es conveniente?¿Puede contribuir al rendimiento educativo o dificultarlo si se permite el uso dentro de las aulas?
Un informe de la organización Argentinos por la Educación se adentra en esos interrogantes, que no sólo están irresueltos en Argentina sino en casi todo el mundo.
Primero, los datos. El 59% de los chicos de tercer grado de primaria en Argentina tiene celular propio. El 23% no tiene un dispositivo personal, pero usa el de su madre, padre o algún familiar. A nivel nacional, solo el 18% de los estudiantes de 8 años no tiene acceso a un teléfono celular. “Si bien las investigaciones muestran que la prohibición reduce las distracciones y el uso de los dispositivos en clase, los resultados sobre mejoras en el rendimiento académico son dispares”, señala Argentinos por la Educación.
Los datos y las conclusiones aparecen en el informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación).
El trabajo apunta a que hay un crecimiento del acceso a los celulares; los datos surgen del operativo Aprender 2024, en el que participaron estudiantes de tercer grado.
Pero además analiza la evidencia internacional sobre las restricciones a su uso en las escuelas y las regulaciones implementadas en distintos países y en las provincias argentinas.
Si bien la tenencia de celulares es alta en todas las provincias, existen diferencias significativas. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%.
En el caso de Córdoba, alrededor del 60 por ciento de los chicos tienen su propio teléfono celular.
También existen brechas según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al quintil más bajo. En secundaria, la tenencia es todavía mayor: alcanza al 90% de los estudiantes, según los datos de Aprender 2023.
“La creciente preocupación por el impacto de los celulares en la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes impulsó en los últimos años la expansión de políticas que restringen su uso en las escuelas. Sin embargo, la evidencia internacional sobre el impacto de esas restricciones es dispar”, señala Argentinos por la Educación.
Y enumera resultados. Algunos estudios muestran mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o de sectores más vulnerables. Otros, en cambio, no encuentran cambios significativos, incluso en contextos donde las restricciones son estrictas. Las mejoras observadas, cuando existen, suelen ser moderadas.
“Lo que sí muestra la mayoría de las investigaciones es que las restricciones logran reducir el uso del celular y las distracciones dentro del aula. Las políticas más estrictas, que limitan el acceso a los dispositivos durante la jornada escolar, generan una reducción importante en el tiempo de uso. Pero esos cambios no siempre se traducen en mejoras en los aprendizajes”, dice Argentinos por la Educación.
El informe agrega que los estudios también muestran resultados diversos en otras dimensiones, como la convivencia y el bienestar estudiantil. Mientras algunas investigaciones encuentran una disminución de situaciones de bullying, otras no detectan efectos significativos sobre el clima escolar.
La regulación del uso de celulares en las escuelas se convirtió en un tema central de la agenda educativa internacional. Según datos de la Unesco, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026.
Las experiencias internacionales muestran distintos modelos. Algunos países, como Francia, Países Bajos y Chile, adoptaron restricciones generales al uso de celulares en las escuelas. Otros, como Brasil, Finlandia y Dinamarca, permiten el uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. También existen sistemas más descentralizados, como el del Reino Unido, donde cada escuela define sus propias normas. En general, las restricciones son más estrictas en el nivel inicial y primario.
En Argentina no existe una normativa nacional unificada sobre el uso de celulares en las escuelas. Hay al menos 11 jurisdicciones –el 45% de las provincias– que avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos propios. En cambio, un 55% de las provincias aún no cuenta con marcos regulatorios definidos.
CABA, Santa Fe y Formosa, por ejemplo, establecieron limitaciones amplias en el nivel inicial y primario. La provincia de Buenos Aires restringe el uso únicamente en secundaria, mientras que Mendoza autoriza el uso de dispositivos solo para actividades pedagógicas y bajo supervisión docente. Otras jurisdicciones, como Salta y Tucumán, habilitan adaptaciones según el contexto de cada institución.
“En la actualidad se prohíbe el uso de celulares en ámbitos educativos de distintas partes del mundo, a pesar de que la evidencia existente aún no es concluyente. De hecho, los estudios controlados no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos. Más bien da la sensación de que se barre el problema bajo la alfombra. Yo creo que esta es una gran oportunidad histórica para repensar el rol que queremos para la escuela. El futuro está en construcción”, sostiene Andrea Goldín, coautora del informe.
