El Gobierno reforzó los operativos policiales y militares mientras continúan las protestas y los bloqueos en distintos puntos del país.
El Gobierno de Bolivia descartó decretar el estado de excepción pese a la escalada de violencia registrada en La Paz y anunció que reforzará el despliegue policial y militar para contener nuevas protestas y restablecer el orden público.
La decisión fue tomada luego de una reunión entre autoridades del Ejecutivo, mandos policiales y las Fuerzas Armadas, tras una de las jornadas más tensas desde el inicio de las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Las protestas son impulsadas por sectores sindicales, campesinos y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que se aplicarán medidas “duras y estrictas” contra quienes participaron de saqueos, ataques a edificios públicos, daños a comercios y enfrentamientos con la Policía, aunque descartó implementar mecanismos extraordinarios previstos en la Constitución.
“No hay posibilidad de un estado de excepción. No lo vamos a dictar”, afirmó el funcionario.
Además, atribuyó los hechos violentos a grupos provenientes del Chapare, región considerada bastión político de Morales.
Durante la movilización participaron sectores campesinos, mineros, maestros rurales, trabajadores fabriles y miembros de los denominados “Ponchos rojos”, que confluyeron en la capital boliviana en medio de un creciente clima de tensión política y crisis económica.
Los disturbios dejaron vehículos policiales incendiados, destrozos en oficinas públicas y comercios, además de agresiones contra civiles y efectivos de seguridad.
Según datos oficiales, más de 100 personas fueron detenidas durante los operativos posteriores. La Policía también informó sobre arrestos de manifestantes que portaban importantes sumas de dinero en efectivo, mientras avanzan investigaciones sobre el financiamiento de las protestas.
La crisis también afecta a la ciudad de El Alto y a otras regiones del país, donde continúan los bloqueos de rutas en seis de los nueve departamentos bolivianos. Las medidas de fuerza ya comenzaron a generar problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Mientras sectores empresariales y organizaciones cívicas de Santa Cruz reclaman medidas más severas e incluso la declaración del estado de excepción, el Gobierno sostiene que una decisión de ese tipo podría profundizar el conflicto.
“Responder a la violencia con violencia probablemente agravaría el escenario”, expresó el vocero presidencial José Luis Gálvez.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, calificó a los manifestantes como “hordas delincuenciales”, aunque ratificó que el Ejecutivo mantendrá abiertos los canales de diálogo.
Bolivia atraviesa una de las etapas más delicadas desde la asunción de Rodrigo Paz Pereira, marcada por protestas simultáneas, bloqueos estratégicos y una fuerte disputa política entre el Gobierno y sectores sociales movilizados.
FUENTE: Agencia Noticias Argentinas
