El presidente del Tribunal de Cuentas, Julio Oyola, destacó que como órgano sólo les corresponde controlar el gasto pero sin inmiscuirse en las decisiones políticas que lo generaron, siempre que se atienda a los principios de legalidad y motivación.
Así lo señaló en diálogo con este diario. Oyola transita por el segundo período al frente del Tribunal y es concejal electo por el oficialismo.
“El Tribunal de Cuentas es un órgano independiente cuya función está legislada en la Carta Orgánica Municipal, su función es de control de los actos de gobierno, visar las órdenes y pagos que realiza el Ejecutivo o cualquiera de las otras reparticiones de la Municipalidad, y concretamente el rol del presidente, además, es la organización con respecto a la administración y el funcionamiento”, describió.
Añadió: “Es una tarea linda que implica un desafío. Uno tiene su simpatía por el gobierno local, pero tiene que compatibilizar esa función que es la que conlleva sus actos de gobierno en cuanto a la transparencia de la gestión y el funcionamiento. Es coadyuvar”.
En términos de funcionamiento, el Municipio no puede pagar nada que no tenga previamente el visto bueno del Tribunal, incluso en materia salarial. Es una orden de pago por cada una de las erogaciones. “Es un sistema muy complejo que se está tratando de agilizar, nosotros tenemos 5 días para expedirnos ante cada orden”, explicó. Y si bien son tres los tribunos, con la firma de dos es suficiente para autorizar la erogación.
“Como Tribunal de Cuentas controlamos la legalidad y motivación del gasto. Legalidad es que el pago esté basado en algo legal, que no sea contrario a derecho o constituya un delito, y motivación que existan los fondos suficientes para llevarlo a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, está la gestión en sí o los actos políticos llevados adelante por el Ejecutivo, que son propiamente de la gestión y de las decisiones políticas que toma, que en eso nosotros no tenemos nada que ver”, puntualizó Oyola. Ratificó que eso hace a definiciones de gestión en relación con los ejes que se definen como prioridad.
Remarcó que esa no su interpretación de la tarea que realizan, sino que es “lo que dicen las normas”. Señaló que “el Tribunal de Cuentas solamente es un órgano de control del gasto público, no de gestión”. Y ese control se ejerce mediante visación (para la autorización o no) que debe ser anterior al pago.
“Este sistema es bueno porque tenés mejor control del gasto, lo único que es menos ágil, lo cual hace necesaria una organización que permita ir al ritmo de la gestión”, puntualizó. En ese sentido, recordó que en ciudades como Córdoba o Río Cuarto el mecanismo es al revés, con visaciones posteriores a las erogaciones.
Mariana Corradini. Redacción Puntal Villa María
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“El Tribunal de Cuentas es un órgano independiente cuya función está legislada en la Carta Orgánica Municipal, su función es de control de los actos de gobierno, visar las órdenes y pagos que realiza el Ejecutivo o cualquiera de las otras reparticiones de la Municipalidad, y concretamente el rol del presidente, además, es la organización con respecto a la administración y el funcionamiento”, describió.
Añadió: “Es una tarea linda que implica un desafío. Uno tiene su simpatía por el gobierno local, pero tiene que compatibilizar esa función que es la que conlleva sus actos de gobierno en cuanto a la transparencia de la gestión y el funcionamiento. Es coadyuvar”.
En términos de funcionamiento, el Municipio no puede pagar nada que no tenga previamente el visto bueno del Tribunal, incluso en materia salarial. Es una orden de pago por cada una de las erogaciones. “Es un sistema muy complejo que se está tratando de agilizar, nosotros tenemos 5 días para expedirnos ante cada orden”, explicó. Y si bien son tres los tribunos, con la firma de dos es suficiente para autorizar la erogación.
“Como Tribunal de Cuentas controlamos la legalidad y motivación del gasto. Legalidad es que el pago esté basado en algo legal, que no sea contrario a derecho o constituya un delito, y motivación que existan los fondos suficientes para llevarlo a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, está la gestión en sí o los actos políticos llevados adelante por el Ejecutivo, que son propiamente de la gestión y de las decisiones políticas que toma, que en eso nosotros no tenemos nada que ver”, puntualizó Oyola. Ratificó que eso hace a definiciones de gestión en relación con los ejes que se definen como prioridad.
Remarcó que esa no su interpretación de la tarea que realizan, sino que es “lo que dicen las normas”. Señaló que “el Tribunal de Cuentas solamente es un órgano de control del gasto público, no de gestión”. Y ese control se ejerce mediante visación (para la autorización o no) que debe ser anterior al pago.
“Este sistema es bueno porque tenés mejor control del gasto, lo único que es menos ágil, lo cual hace necesaria una organización que permita ir al ritmo de la gestión”, puntualizó. En ese sentido, recordó que en ciudades como Córdoba o Río Cuarto el mecanismo es al revés, con visaciones posteriores a las erogaciones.
Mariana Corradini. Redacción Puntal Villa María
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