Antes de culminar su gestión, si en las elecciones generales de octubre se confirma el resultado de las Paso, el gobierno nacional quiere avanzar con el proyecto de creación de una Sociedad del Estado para controlar el área de Fabricaciones Militares. Lo expuso en un decreto tiempo atrás y ahora los dirigentes gremiales denuncian que “están haciendo todo para quedarse con el directorio de la empresa”.
Ante ello, en la Cámara de Diputados de la Nación se realizó ayer una conferencia de prensa para exponer la situación y exigir que el Gobierno frene el proyecto. La charla con los medios estuvo encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Hugo “Cacho” Godoy, y la diputada nacional Gabriela Estévez. Además hubo otros legisladores y dirigentes gremiales de la ciudad como Jorge Heredia, Gustavo Vilches y Alberto Córdoba.
Cabe recordar que ATE ya presentó en la Justicia un amparo para frenar el decreto que convierte la Dirección de Fabricaciones Militares en una Sociedad del Estado. “Que el Gobierno frene todo avance sobre las estructuras del Estado, sobre todo en la producción”, advirtió Godoy, y denunció que la intención del macrismo “es avanzar con la privatización y pérdida de derechos para los trabajadores”.
“Queremos ponerle un freno a la destrucción de Fabricaciones Militares”, disparó. Además, criticó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Cambiemos), por impedir el tratamiento de la ley de reincorporación de los despedidos, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores.
Estévez
Por su parte, Estévez recordó el proceso de vaciamiento que lleva adelante el Gobierno con Fabricaciones Militares. “Primero fueron los despidos, ahora este decreto”, lamentó.
Dijo además que el objetivo “es meter mano en el convenio colectivo y en los bienes de Fabricaciones”. “No vamos a permitirlo”, advirtió.
Estévez señaló, además, que el Gobierno “perdió legitimidad” en las elecciones del 11 de agosto y denunció “que quieren liquidarse los bienes del Estado para llevarse lo que puedan”.
Heredia
Por su parte, el sindicalista villamariense Jorge Heredia (ATE) afirmó en diálogo telefónico con este diario que los actuales directivos “quieren quedarse con Fabricaciones antes de irse” y pidió que “no tomen más decisiones sobre las empresas”.
“Ya han hecho demasiado daño”, resaltó.
Desde diciembre de 2017, el Gobierno despidió en Villa María a 78 operarios. Además cerró la planta de Azul y redujo personal en los otros establecimientos (Beltrán, Jáchal y Río Tercero).
Heredia contó que la planta de Villa María trabaja sólo a un 15% de su capacidad instalada ante la falta de insumos y personal.
Martín Alanis. Redacción Puntal Villa María
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Cabe recordar que ATE ya presentó en la Justicia un amparo para frenar el decreto que convierte la Dirección de Fabricaciones Militares en una Sociedad del Estado. “Que el Gobierno frene todo avance sobre las estructuras del Estado, sobre todo en la producción”, advirtió Godoy, y denunció que la intención del macrismo “es avanzar con la privatización y pérdida de derechos para los trabajadores”.
“Queremos ponerle un freno a la destrucción de Fabricaciones Militares”, disparó. Además, criticó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Cambiemos), por impedir el tratamiento de la ley de reincorporación de los despedidos, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores.
Estévez
Por su parte, Estévez recordó el proceso de vaciamiento que lleva adelante el Gobierno con Fabricaciones Militares. “Primero fueron los despidos, ahora este decreto”, lamentó.
Dijo además que el objetivo “es meter mano en el convenio colectivo y en los bienes de Fabricaciones”. “No vamos a permitirlo”, advirtió.
Estévez señaló, además, que el Gobierno “perdió legitimidad” en las elecciones del 11 de agosto y denunció “que quieren liquidarse los bienes del Estado para llevarse lo que puedan”.
Heredia
Por su parte, el sindicalista villamariense Jorge Heredia (ATE) afirmó en diálogo telefónico con este diario que los actuales directivos “quieren quedarse con Fabricaciones antes de irse” y pidió que “no tomen más decisiones sobre las empresas”.
“Ya han hecho demasiado daño”, resaltó.
Desde diciembre de 2017, el Gobierno despidió en Villa María a 78 operarios. Además cerró la planta de Azul y redujo personal en los otros establecimientos (Beltrán, Jáchal y Río Tercero).
Heredia contó que la planta de Villa María trabaja sólo a un 15% de su capacidad instalada ante la falta de insumos y personal.
Martín Alanis. Redacción Puntal Villa María

