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La cooperativa de agua, bajo la lupa de la Justicia Federal

Se realizaron este jueves un total de ocho allanamientos: el principal, en la sede central de Aguas de Villa María.Lo mismo ocurrió en domicilios particulares de altos funcionarios y en un estudio contable. En un comunicado, la empresa habló de “sospechas infundadas”

Durante la mañana y también por la tarde de este jueves 11 de diciembre, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) efectivizaron un fuerte operativo que derivó en ocho allanamientos, el principal, en la sede de Aguas de Villa María, la empresa que tiene a su cargo la concesión del servicio de agua en la ciudad.

La presencia de los uniformados en el edificio de calle José Ingenieros 360 llamó poderosamente la atención de vecinos y usuarios, quienes no pudieron ingresar al inmueble, aún cuando tenían trámites por hacer. “Vuelva mañana”. Esa fue la respuesta que se llevaron varios en palabras del personal policial, encargado de custodiar el ingreso mientras se llevó adelante el allanamiento.

En declaraciones a Puntal Villa María, la fiscal Federal María Marta Schianni, quien lleva los hilos de esta causa, aseguró que el motivo de semejante despliegue guardaba relación con delitos que recién se encuentran en plena etapa de investigación, pero que estarían vinculados al régimen penal económico y al lavado de activos.

Una denuncia que recayó en su fiscalía y que ella consideró válida plantó la sospecha de que dentro de la Cooperativa 15 de Mayo, hoy presidida por Carlos Rafael Operti, existían irregularidades tributarias.

Siguiendo esa línea investigativa, Schianni ordenó este jueves la efectivización de ocho allanamientos.

Como se precisó, la requisa principal se desarrolló en el edificio de la cooperativa, situado en pleno casco céntrico, sobre calle José Ingenieros al 300, casi a mitad de cuadra.

La magistrada dijo que allí efectivos procedieron al secuestro de documentación contable, registros, dispositivos electrónicos, papeles de trabajo, teléfonos celulares y dinero, elementos que ahora se encuentran en poder de la Justicia.

De manera simultánea, personal de la PFA se dio cita en otros siete domicilios.

Según lo indicado por la fiscal, seis de esos operativos se realizaron en viviendas particulares pertenecientes a autoridades de la cooperativa.

Trascendió también que entre las personas allanadas se encuentran el presidente de la entidad, Carlos Operti, y su vice, Carlos Andrés Maldonado; el tesorero, Gabriel Alejandro Bocalon, y la secretaria, Florencia Rapetti. Además, se investiga a los expresidentes de la cooperativa, Mario Alberto Valenti y Alfredo Antonino.

Según lo indicado, no se concretaron detenciones en ninguno de los puntos requisados.

Sobre la denuncia

De momento, lo que se sabe es que este expediente encuentra sustento en una denuncia que presentó el expresidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), Javier Sosa.

Anticipando lo que iba a suceder en el ámbito de la Justicia, Sosa participó como orador en la audiencia pública que se realizó a principios de septiembre, cuando se trató el aumento de la tarifa del agua, luego aprobada por el Concejo Deliberante.

En esa oportunidad, el extitular de Ersep planteó la necesidad de que en Villa María se cree la figura del ente regulador.

Deteniéndose en ese punto, Sosa afirmó que la existencia de una entidad de ese tipo ya está prevista en una cláusula que forma parte del contrato de concesión firmado entre el Municipio y la Cooperativa 15 de Mayo, hoy prestataria del servicio.

Esa misma jornada, el vecino había expuesto que la empresa no presentó la estructura de costos y la facturación, información que -según explicó- les permitiría a los concejales “sacar la diferencia entre costo operativo y rentabilidad”, pudiendo de esa manera conocer “cuál es el núcleo central de la utilidad del negocio”.

Qué dijeron desde la cooperativa

Finalizados los allanamientos, la cooperativa abandonó su estado de silencio y sacó un comunicado dando a conocer su versión de los hechos.

“La cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda. comunica a la sociedad que tras una denuncia, en el día de la fecha se llevó a cabo un operativo en nuestra sede administrativa y nos pusimos a disposición de la Justicia”, abre el escrito.

En un párrafo siguiente, la empresa se refirió directamente a la denuncia. “Esta cooperativa repudia enérgicamente cualquier intentó de instalar sospechas infundadas que dañen su buen nombre y el de sus trabajadores como su trabajo sostenido de décadas en beneficio de los vecinos y comprometidos con la calidad de nuestros servicios”, se dijo.

“Queremos transmitir tranquilidad a toda la comunidad, reafirmando nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y el pleno esclarecimiento de los hechos”, agrega el comunicado.

Por último, se informó que este viernes 12 de diciembre “la atención al público se realizará con normalidad”.