La iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado en materia de derechos humanos, protección de víctimas y prevención de la violencia institucional.
Durante la sesión, la concejala Yaslil Oses fue la encargada de fundamentar el proyecto.
En su exposisión, sostuvo que la ordenanza representa una decisión institucional de gran relevancia porque reafirma el compromiso de la ciudad con la formación continua de los agentes, funcionarios y autoridades municipales.
Oses recordó que la legislación lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años de Laboulaye cuyo asesinato conmocionó a Córdoba y al país.
En ese sentido, señaló que ese caso abrió un profundo debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas y la necesidad de contar con instituciones más preparadas.
La edil destacó que la Ley Joaquín nació como una respuesta para fortalecer las capacidades del Estado, promoviendo una formación permanente que permita brindar respuestas más humanas, sensibles y profesionales frente a situaciones de vulnerabilidad.
Capacitación obligatoria
La normativa incorpora instancias de capacitación obligatoria sobre derechos humanos, protección integral de las víctimas, prevención de la violencia institucional y estándares de actuación para la administración pública.
Según explicó Oses, cada trabajador municipal mantiene un contacto cotidiano con vecinos que atraviesan distintas problemáticas, por lo que contar con mayores herramientas de formación permite mejorar la calidad de las respuestas y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.
Durante su intervención, la concejala también resaltó el funcionamiento del Área Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, creada mediante ordenanza municipal y conformada por equipos interdisciplinarios desde 2020.
Dicho organismo interviene en situaciones de vulneración de derechos, articulando acciones con la Secretaría de Niñez, hospitales, centros de salud, escuelas, juzgados y otros organismos provinciales y municipales para garantizar la protección integral de las infancias.
Como respaldo de esa tarea, Oses informó que durante 2025 el área intervino en 531 casos de vulneración de derechos, mientras que en lo que va de 2026 ya se registran 232 intervenciones.
La concejala explicó que las intervenciones llegan a través de denuncias de vecinos, llamados telefónicos, oficios judiciales, derivaciones de la Senaf, la Línea 102, instituciones educativas, hospitales y distintas dependencias municipales.
Además, remarcó que los equipos técnicos no solo actúan ante situaciones de emergencia, sino que realizan seguimientos familiares, evaluaciones socioambientales, asesoramiento jurídico y articulación con diferentes organismos para restituir derechos de niños, niñas y adolescentes.
Al cerrar su discurso, Yaslil Oses sostuvo que la adhesión de Villa María a la Ley Joaquín representa una apuesta por la capacitación continua como política pública y una forma de transformar el dolor en aprendizaje institucional.
“La historia de Joaquín nos duele como sociedad, pero también nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos quienes ocupamos funciones públicas. Cada conocimiento incorporado puede marcar la diferencia para construir instituciones más humanas, preparadas y comprometidas”, concluyó la concejala.
