Cerca de 50 personas participaron de la convocatoria, en una jornada atravesada por los reclamos vinculados a la continuidad de las prestaciones, los tiempos de pago y las dificultades que enfrentan las familias para acceder a tratamientos y recursos básicos.
Carolina Coria, abogada e integrante del grupo Hablemos de Autismo y Neurodiversidad, fue una de las voces que se escucharon durante la movilización y quien puso el foco en el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Es un período muy golpeado para el sector de la discapacidad, lo único que lo ha sostenido es la unión y el alzar la voz, el reclamar, sostener la lucha”, soltó la profesional.
Coria contó que este miércoles se trató en comisión la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Gobierno nacional presentara el proyecto de Presupuesto 2027.
Según explicó, existe preocupación porque el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno “prácticamente borra del mapa la Ley de Emergencia”.
Al mismo tiempo, sostuvo que todavía se desconoce el contenido concreto de la nueva propuesta oficial. “En caso de que no se vote la prórroga, el sector de discapacidad va a desaparecer del mapa de nuestro país, desaparece el sistema de prestaciones tal y como lo conocemos”, expuso.
La abogada también planteó que, de no continuar la emergencia, quedarían comprometidos elementos como el nomenclador de prestaciones y el trabajo registrado, además de avances que, según remarcó, fueron alcanzados durante la vigencia de la normativa.
En términos todavía más duros, Coria cuestionó la política nacional hacia el sector y habló de una situación que calificó como “eutanasia social”.
“Nadie se salva solo”
Verónica González, familiar de una persona con discapacidad, puso el acento en el impacto cotidiano que tiene esta situación sobre quienes acompañan a personas que necesitan tratamientos, medicamentos, pañales o asistencia profesional.
“Una sociedad se define por cómo trata a las personas más vulnerables, y en esto quiero hacer especial hincapié porque nadie está exento de tener un familiar o alguna persona cercana con discapacidad”, puntualizó.
González contó que participa en distintos grupos de familias y aseguró que en las últimas semanas se multiplicaron las dificultades para conseguir recursos básicos y sostener tratamientos.
“Siempre recalcamos que nadie se salva solo, debemos mirar al otro”, expresó, al señalar que muchas situaciones terminan siendo resueltas mediante la solidaridad entre las propias familias.
Virginia Genné, psicopedagoga y prestadora de servicios para personas con discapacidad, aseguró que la problemática también atraviesa directamente a quienes trabajan en el sistema, impactando por ejemplo en los plazos de pago.
Genné explicó que anteriormente prestadores comenzaban a cobrar alrededor de los 45 días, mientras que actualmente llevan dos meses consecutivos con plazos que alcanzan los 60 días.
Además, señaló otra dificultad que puede afectar directamente a las familias: algunas obras sociales modificaron la metodología para presentar las carpetas de prestaciones.
En ese sentido, la profesional advirtió que estos cambios pueden provocar que determinadas familias no logren presentar la documentación en tiempo y forma y, como consecuencia, tengan dificultades para acceder a sus tratamientos durante 2027.
