El intendente Eduardo Accastello ingresó la iniciativa al Concejo Deliberante y advirtió que el municipio está “al límite” de sus posibilidades operativas frente a esta modalidad. “Las leyes actuales fueron pensadas para ciudadanos que cometen errores, no para grupos que buscan coordinar la anarquía y generar descontrol y violencia”, afirmó. Además, sostuvo que la ciudad necesita “medidas extraordinarias” para restablecer el principio de autoridad.
El proyecto incorpora nuevas atribuciones para la gestión municipal y también un marco de colaboración más estrecho con la Policía y el Poder Judicial. En este sentido, instruye al municipio a radicar denuncias penales siempre que de los procedimientos surjan indicios de delitos.
Medidas centrales del proyecto
La propuesta legislativa plantea un cambio de enfoque basado en la tolerancia cero a infracciones graves y conductas que alteren la convivencia pública. Entre los puntos más relevantes se destacan:
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Prohibición de circular o estacionar vehículos con escapes adulterados o equipos de sonido que excedan los niveles permitidos.
Retención inmediata y remoción de vehículos en infracción.
Posibilidad de utilizar fuerza pública para secuestrar unidades encadenadas o aseguradas en espacios públicos.
Responsabilidad objetiva y solidaria para quienes integren “hordas”, definidas como grupos de cinco o más vehículos que se desplacen coordinadamente o generen intimidación, bloqueos o maniobras temerarias.
Para estos casos se prevén multas triplicadas, inhabilitaciones para conducir de entre 6 meses y 2 años, el decomiso de escapes irregulares y la exclusión de beneficios sociales municipales, como asistencia alimentaria, subsidios o el Programa de Medicamentos Gratuitos.
Acciones contra picadas y vehículos modificados
El proyecto también profundiza las sanciones contra las picadas. Los vehículos secuestrados con modificaciones estructurales para carreras que no sean retirados dentro de los plazos legales podrán ser decomisados en forma definitiva.
Según la ordenanza propuesta, esas unidades serán:
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Rematadas judicialmente, destinando lo recaudado al Fondo de Educación Vial y al equipamiento hospitalario, o
Enviadas a compactación, eliminando así elementos que representen riesgo para la seguridad pública.
“Una herramienta inédita en el país”
Accastello aseguró que la propuesta convierte a Villa María en una ciudad “a la vanguardia en la defensa de la convivencia ciudadana”. Subrayó que el objetivo es resguardar la vida, garantizar la integridad física y recuperar la tranquilidad pública. “Los vecinos necesitan respuestas inmediatas y un marco legal valiente que permita actuar con contundencia”, expresó.
