Las organizaciones “Verdad y Justicia” y “Mujeres en Lucha”, llamaron a movilizarse este sábado por la tarde para manifestar el rechazo a la medida judicial que le otorgó la prisión domiciliaria y exigir que el imputado sea trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario N°5.
Afuera del edificio, en calle Mendoza al 420, se congregó un grupo reducido de vecinos, mientras más de una decena de efectivos policiales custodiaban la cuadra. Dentro del edificio, permanecía el abusador confeso.
La prisión domiciliaria fue concedida tras un informe psicológico que indicó que Santi presenta un cuadro depresivo denominado “melancolía”. Ese diagnóstico, elaborado por el psicólogo Pedro Rodríguez, describió un estado de “desgano” y señaló que el imputado habría “coqueteado con la muerte”, argumentos que llevaron a sugerir que continuará la detención “en un lugar seguro” y “acompañado por su familia”.
Dicho planteo fue tomado posteriormente por la defensa y avalado por la fiscal Juliana Companys, quien en cuestión de horas aprobó la domiciliaria.
Durante la movilización, las organizaciones cuestionaron duramente el accionar de la Justicia y repudiaron que la medida haya sido concedida en pleno receso judicial. En ese marco, Brossard advirtió que se trata de una situación atravesada por relaciones de poder. “Rodrigo Santi está ligado al poder político, es bombero, sus padres tienen dinero, la gente tiene miedo y las víctimas tienen muchísimo miedo”, expresó.
En ese marco, reclamaron que la decisión sea revisada por la jueza de Control, María Soledad Dottori, y por la fiscal Juliana Companys, con el objetivo de que la detención sea efectiva y no domiciliaria. “Así como hubo rapidez para otorgar la domiciliaria, pedimos la misma voluntad para revisarla y revertirla”, sostuvo Brossard.
“Nuestro pedido siempre va a ser de verdad y justicia”, expresó.
Así como hubo rapidez para otorgar la domiciliaria, pedimos la misma voluntad para revisarla y revertirla”
La referente también señaló que la presión social fue clave para que se dispusieran el uso de la tobillera electrónica, medida que no había sido implementada en un primer momento. Desde la querella aclararon que la colocación de una tobillera electrónica no figura formalmente en el expediente judicial.
Según explicó a VillaMaríaYa el abogado querellante, Andrés Corigliano, en la causa solo constan dos oficios posteriores a la resolución que otorgó la domiciliaria: uno dirigido al Servicio Penitenciario para el traslado del imputado desde la cárcel hasta el domicilio, y otro donde se detallan las medidas de seguridad dispuestas. En este último se enumeran cinco restricciones, entre ellas la prohibición de usar internet, redes sociales y dispositivos electrónicos; la prohibición de recibir visitas de menores de edad; la limitación de visitas sin autorización judicial; y la obligación de no salir del domicilio.
“Pero no figura la tobillera electrónica, ni una consigna policial, ni rondas periódicas de la policía, que no hubieran estado mal en un caso de esta gravedad”, remarcó el letrado.
“Queremos que la jueza de control revise esta situación, porque el único lugar donde puede cumplir la prisión preventiva es el Servicio Penitenciario N°5”, remarcó.
En la misma línea, llamó a la comunidad a no naturalizar la situación y pidió la colaboración de la ciudadanía para que ninguna inmobiliaria de la ciudad alquile viviendas al imputado.
“En dos días se va de acá y nadie sabe a dónde”, advirtió la referente de “Verdad y Justicia”.
“Esto no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la comunidad. Exigimos que la Justicia actúe con responsabilidad y perspectiva de derechos”, concluyó.
