En la Cámara del Crimen, en el quinto piso de los Tribunales locales, durante la mañana de ayer se desarrollaron dos audiencias en la que dos hombres recibieron penas de 3 años de prisión de ejecución condicional por episodios de violencia de género.
En el primer juicio, Lucas Nicolás Di Febo (24) fue hallado responsable de los delitos de violación de domicilio, lesiones y amenazas.
El 18 de abril del corriente año se registró uno de los sucesos en contra de su expareja. Poco más de un mes después, el 28 de mayo, ocurrió otro de los acontecimientos.
En esta oportunidad, se dirigió a la casa de la damnificada, que se encontraba con una amiga. En esas circunstancias, tomó un cuchillo e hirió a víctima, que requirió de 25 días de curación.
Cuando se finalizó con la lectura de la pieza acusatoria, la jueza Edith Lezama de Pereyra le tomó los datos personales. En ese marco, contó que nació en Villa Nueva y que su último domicilio fue en Bell Ville. Por otro lado, señaló que sólo cursó la primaria y que trabajaba vendiendo arena. Seguidamente, confesó que consume marihuana, cocaína y alcohol. En este sentido, la denunciante había expuesto que Di Febo reaccionaba de forma agresiva por su adicción. Por último, se hizo cargo de la imputación en su contra y, de esta forma, se le imprimió al debate la modalidad conocida como abreviada, lo que permite que el Tribunal no pueda imponer una pena mayor a la acordada entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.
Luego se alegó. El primero en hacerlo fue el fiscal Francisco Márquez y, posteriormente, presentaron sus fundamentos los abogados Eduardo Andrés Dollman y Santiago Vivas.
Tras un cuarto intermedio, se dictó el veredicto señalado. Además, se le impusieron una serie de condiciones: deberá someterse a un tratamiento psicológico, tendrá que abstenerse de consumir drogas y no podrá acercarse a la víctima.
Otro caso similar
En la segunda audiencia se lo juzgó a Lucas Javier Baigorria (35). En esta dirección, se lo encontró culpable de los ilícitos de amenazas reiteradas, privación ilegítima de la libertad y desobediencia a la autoridad.
Los hechos por los que llegó al banquillo de la sala se produjeron entre 2017 y este año. La víctima, como en el caso anterior, fue su expareja, con la que convivió unos 16 años. En una ocasión, por ejemplo, tras una discusión, no dejó salir a la mujer de la vivienda que habitaban. Los casos de desobediencia a la autoridad, por otra parte, se vincularon a situaciones en las que violó órdenes de restricción que le impedían mantener contacto con la damnificada.
Cuando la secretaria Gabriela Sanz terminó de dar a conocer el requerimiento, el juez Félix Martínez le tomó los datos filiatorios. Contó que nació en Córdoba, que actualmente está soltero, que tiene tres hijos, que fue a la escuela hasta cuarto año, que trabaja como albañil. Asimismo, precisó que no consume sustancias, que no cuenta con antecedentes y también confesó.
En la instancia siguiente, alegaron el fiscal Márquez y el abogado defensor Roberto Javier Marcos, quien hizo hincapié en que, con la sentencia en suspenso y la posibilidad de un tratamiento, se le brinda una oportunidad a su cliente para que revise su comportamiento.
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El 18 de abril del corriente año se registró uno de los sucesos en contra de su expareja. Poco más de un mes después, el 28 de mayo, ocurrió otro de los acontecimientos.
En esta oportunidad, se dirigió a la casa de la damnificada, que se encontraba con una amiga. En esas circunstancias, tomó un cuchillo e hirió a víctima, que requirió de 25 días de curación.
Cuando se finalizó con la lectura de la pieza acusatoria, la jueza Edith Lezama de Pereyra le tomó los datos personales. En ese marco, contó que nació en Villa Nueva y que su último domicilio fue en Bell Ville. Por otro lado, señaló que sólo cursó la primaria y que trabajaba vendiendo arena. Seguidamente, confesó que consume marihuana, cocaína y alcohol. En este sentido, la denunciante había expuesto que Di Febo reaccionaba de forma agresiva por su adicción. Por último, se hizo cargo de la imputación en su contra y, de esta forma, se le imprimió al debate la modalidad conocida como abreviada, lo que permite que el Tribunal no pueda imponer una pena mayor a la acordada entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.
Luego se alegó. El primero en hacerlo fue el fiscal Francisco Márquez y, posteriormente, presentaron sus fundamentos los abogados Eduardo Andrés Dollman y Santiago Vivas.
Tras un cuarto intermedio, se dictó el veredicto señalado. Además, se le impusieron una serie de condiciones: deberá someterse a un tratamiento psicológico, tendrá que abstenerse de consumir drogas y no podrá acercarse a la víctima.
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Los hechos por los que llegó al banquillo de la sala se produjeron entre 2017 y este año. La víctima, como en el caso anterior, fue su expareja, con la que convivió unos 16 años. En una ocasión, por ejemplo, tras una discusión, no dejó salir a la mujer de la vivienda que habitaban. Los casos de desobediencia a la autoridad, por otra parte, se vincularon a situaciones en las que violó órdenes de restricción que le impedían mantener contacto con la damnificada.
Cuando la secretaria Gabriela Sanz terminó de dar a conocer el requerimiento, el juez Félix Martínez le tomó los datos filiatorios. Contó que nació en Córdoba, que actualmente está soltero, que tiene tres hijos, que fue a la escuela hasta cuarto año, que trabaja como albañil. Asimismo, precisó que no consume sustancias, que no cuenta con antecedentes y también confesó.
En la instancia siguiente, alegaron el fiscal Márquez y el abogado defensor Roberto Javier Marcos, quien hizo hincapié en que, con la sentencia en suspenso y la posibilidad de un tratamiento, se le brinda una oportunidad a su cliente para que revise su comportamiento.
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